El mercado sucio de la seguridad
Por la Dra. Alicia Pierini (*)
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo el 1 de marzo de 2008: existen zonas liberadas para el delito como en otras épocas las tuvo el terrorismo de Estado. Aunque nuestra democracia no debería tolerarlas, ahí están junto a los aeródromos clandestinos, a las policías ambivalentes o a las redes de complicidad.
¿Pueden los economistas calcular cuánto dinero mueve el mercado de la seguridad que ofrece vigilancia y custodia privada, alarmas, blindajes, rejas, barrios cerrados, control satelital, seguros y armas? ¿Cuánto factura la inseguridad al tomar forma de mercancía y transformase en música, programas de TV o publicidad?
¿Podrían identificar a quienes compran en ese mercado? No parece muy difícil: cada uno compra seguridad según sus miedos, su bolsillo y los bienes a proteger.
¿Y a los que lucran con él? Tampoco es difícil: basta con ver a los directivos de las empresas del ramo.
¿Podrían los sociólogos escudriñar en ese proletariado al que apelan los vendedores de seguridad para activar el mercado? Les bastaría con reparar en el origen de la llamada delincuencia juvenil, en la calidad de la droga que consumen y en su eventual final como víctimas del gatillo de los capataces de la inseguridad que -en no pocos casos- son los propios vigiladores, policías o penitenciarios.
El mercado de la seguridad-inseguridad está íntimamente relacionado con el de la droga. Si el paco sirve para que el proletario de la inseguridad meta miedo con su violencia, la droga de mejor calidad permite a los sectores medios y altos trabajar y consumir con un descontrol socialmente aceptado.
Tal vez, sea hora de plantear que no hay contradicción entre derechos humanos y seguridad; pero que sí la hay entre la democracia y los mercados sucios del narcotráfico que incorporan a los excluidos del sistema como proletarios sin futuro o capataces de la neoindustria de la in-seguridad. Así van limando a la democracia y sus valores.
A la guerra sucia la sustituyó el mercado sucio; y las zonas liberadas son hoy la continuidad por otros medios de la política sucia.
La sociedad reclama que cesen las consecuencias de esa suciedad organizada; por eso, cuando pide seguridad, apenas está demandando protección.
Por cierto que debiéramos protegernos colectivamente de estos mercados sucios y mafiosos, y de sus complicidades.
Las mamás de los “pibes chorros” o “paqueros” saben mejor que nadie cómo entraron sus hijos en el delito o en la droga y conocen a sus capataces. Ellas luchan y se organizan a pesar de estar más desprotegidas que aquellos que pueden pedir protección legal o comprarla en el mercado de la seguridad, el mismo que necesita de la inseguridad para poder funcionar. Ellas saben, igual que la Señora Presidenta, que las zonas liberadas no existen porque sí; sino porque algunos las liberaron para que la droga pudra las conciencias en forma directamente proporcional al engorde de sus ambiciones, empresas, bolsillos y -por que no- de su clientela electoral.
(*) Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires